Reformas a ley del crimen organizado y a la de intervención a las telecomunicaciones buscan debilitar estructuras delictivas


Viernes 21 de octubre de 2022

Los diputados de la Comisión de Seguridad emitieron un dictamen favorable para rmodificar ambas normativas, al igual que la de la Ley de Telecomunicaciones, con el objetivo de brindar herramientas al Ejecutivo para continuar con el combate a los grupos terroristas.

Reforzar la guerra contra las pandillas para debilitarlas, agilizar los procesos judiciales y que los esfuerzos en la persecución del crimen no sean en vano son algunas de las razones por las que la Comisión de Seguridad emitió un dictamen favorable para hacer enmiendas a tres normativas: a la Ley Especial Contra el Crimen Organizado, a la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones y a la Ley de Telecomunicaciones.

“Gran parte de estas reformas son para mejorar el sistema de justicia, para que ningún pandillero que ya haya sido capturado salga de la prisión. No se ha terminado de detener a todos los pandilleros, ellos siguen escondidos como cucarachas”, comentó el diputado Giovanny Zaldaña.

Estos cambios, que surgen debido a que muchos artículos no responden a la realidad del país, pretenden redefinir el concepto de “crimen organizado”, ya que esta modalidad delincuencial puede desplegarse en dos o más organizaciones criminales.

Asimismo, se busca unificar el trámite en un solo proceso respecto a la participación de menores de edad en estructuras terroristas, en virtud de las recientes reformas a la Ley Penal Juvenil.

Además, las enmiendas van orientadas a resolver los plazos procesales, ante al incremento significativo de casos tramitados en los tribunales dada la efectividad y buenos resultados del régimen de excepción.

También, se pretende perfeccionar los mecanismos actuales de intervención de las comunicaciones para el combate del crimen organizado, pues por la aparición de nuevas herramientas tecnológicas se vuelve necesario evolucionar en este sentido.

La novedad de esto es la creación de Tribunales Contra el Crimen Organizado Pluripersonales, pues con la actual infraestructura judicial del país son más de 400 de estas instituciones para conocer delitos comunes y solo 11 para delitos especializados.

Además, se asignará un juez de garantías constitucionales para conocer las solicitudes de intervención telefónica, pues hasta la fecha hay rotaciones de jueces para este tipo de procedimientos. Esto es una práctica internacional.

 

Las reformas aprobadas por la comisión

Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones: fortalecerá los procedimientos y herramientas de persecución penal utilizadas en la lucha contra la criminalidad de conductas delictivas, mediante la obtención de elementos incriminatorios eficaces para el ofrecimiento y producción de la prueba en el proceso judicial.

Con la modificación se va a entender por telecomunicaciones cualquier tipo de transmisión, emisión o recepción de signos, símbolos, señales escritas, imágenes, correos electrónicos, sonidos o información, entre otros.

Ley de Telecomunicaciones:  Tiene por objetivo dotar a los aplicadores de las herramientas necesarias para el combate de la delincuencia en las modalidades ejecutadas mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación con el fin de garantizar la preservación de la paz pública y permitir el aseguramiento de los procesos penales.

Ley Especial Contra el Crimen Organizado: Pretende ampliar el alcance conceptual de la definición de “crimen organizado”, unificar los trámites relacionados a los procesos penales relativos a todos los imputados a quienes se les atribuya la comisión de hechos delictivos y pertenezcan a estructuras criminales o grupos terroristas.

Los análisis para modificar las leyes

Durante varias semanas, los parlamentarios iniciaron los estudios correspondientes a dichas enmiendas, tras la iniciativa emitida por parte del Presidente de la República, Nayib Bukele, para  poder crear un concepto más apropiado del concepto “crimen organizado”, para que los delincuentes que han hecho tanto daño a los salvadoreños y que han sido detenidos no retornen a las calles.

Es por eso que en el seno de la comisión, los diputados recibieron al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado; y al Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para robustecer el trabajo de los análisis a estas propuestas de actualizaciones de las tres leyes.

“Las reformas que estamos abordando permitirán que seamos más efectivos en el combate a la criminalidad, particularmente aquella generada por las pandillas. La idea es que se haga más efectivo el trámite de los procesos”, argumentó de manera general el fiscal Delgado.

Sobre la Ley Especial Contra el Crimen Organizado, el funcionario Villatoro indicó que: “Se propone reformar el concepto que engloba la normativa, porque estamos claros que llevábamos años sacrificando a la población y no a los delincuentes. Se atribuía la culpabilidad a un miembro cuando el enemigo es la estructura”.

Las observaciones emitidas por ambos funcionarios fueron integradas a la propuesta de dictamen que pasará el Pleno Legislativo para ser discutido por las diferentes fracciones partidarias y con ellos llegar a un acuerdo de aprobación o no de estas reformas.

“En esta comisión, estamos haciendo un trabajo serio al legislar para perseguir el crimen organizado. Con sus aportes hemos visto que el fin del Gobierno es fortalecer las normativas en esta guerra contra las pandillas”, indicó el diputado Carlos Brush.

El apoyo al gabinete de Seguridad Pública

El pasado 18 de octubre, el Pleno Legislativo aprobó con 67 votos la séptima extensión al régimen de excepción para 30 días más.

Tras haber implementado estas acciones, los resultados son innegables, pues la Policía Nacional Civil (PNC) ha capturado a 54, 518 mil terroristas, ha incautado más de 1, 644 armas de fuego a estas estructuras delincuenciales, ha confiscado más de 2,026 vehículos, 12,842 aparatos móviles y ha decomisados 1.24 millones de dólares.

Dicho mecanismo –que se basa en el artículo 29 de la Constitución de la República- fortalece la ejecución del “Plan Control Territorial” en su fase cuatro y con ello se continúa resguardando la vida e integridad de las personas honradas que residen en este territorio.

Es por ello que los parlamentarios continúan respaldando las iniciativas de nuevas leyes, las reformas a las ya existentes y proponiendo nuevas herramientas para devolver la paz y tranquilidad a la población salvadoreña.